Las organizaciones y personas abajo firmantes, quienes hemos trabajado en diferentes aristas de la movilidad humana en el Ecuador – en particular en las fronteras de nuestro país – frente a los acontecimientos vividos en las últimas semanas en diferentes puntos de la frontera colombo ecuatoriana (la explosión de un coche bomba en San Lorenzo – Esmeraldas, el desplazamientos de familias indígenas en Chical – Carchi por efectos de combates entre grupos armados en la zona del Cumbal – Colombia; entre otros); queremos expresar lo siguiente:
Preocupa que la mirada inmediata frente a estos hechos, y por ende su respuesta se dé exclusivamente desde un enfoque tradicional de seguridad. Esto pese a que, desde hace años atrás, y señalado en la Constitución del año 2008, se plantea que es necesario abordar los temas de las fronteras desde una concepción de derechos humanos, en la que la defensa y la protección de la vida esté por encima de cualquier otro aspecto.
Creemos que es importante, particularmente desde el Estado Ecuatoriano, entender que estos acontecimientos se están dando por el reacomodo de las fuerzas beligerantes en la búsqueda de control de los diferentes territorios que tras los acuerdos de paz en Colombia con las FARC-EP, han quedado a merced de aquellos que quieren adueñarse de estos espacios. Y, sin lugar a dudas, esta dinámica de violencia tiene consecuencias en territorio ecuatoriano de frontera afectando de sobremanera a las comunidades indígenas y afrodescendientes y, en general, a la población civil.
En este contexto, es notoria la fragilidad de los sistemas de protección de derechos – sobre todo a nivel local – a través de los cuales la población transfronteriza que radica en situaciones de alta vulnerabilidad, encuentre protección frente a los múltiples riesgos que está viviendo.
A la par es importante entender las nuevas dinámicas que están tomando las economías ilegales, y no solo nos referimos al tráfico de drogas declaradas ilegales, sino también a otros problemas como la trata y el tráfico de personas, el desarrollo de minería ilegal, entre otras. Estas prácticas, en buena medida, se sustentan en recursos y actores que se encuentran en el lado ecuatoriano de la frontera.
La presencia de estos actores irregulares, en mucho se debe, a que los Estados de Ecuador y de Colombia, no tienen para la zona transfronteriza una propuesta de desarrollo integral, basado en los derechos de las personas. De allí que las ciudades y comunidades más vulnerables del país, con una débil institucionalidad pública, estén justamente ubicadas en el cordón fronterizo; lo cual hace muy difícil generar acciones de prevención frente a actividades delictivas en la zona.
Lo señalado, está produciendo un flujo cada vez mayor de población desplazada por la violencia; que se suma a la llegada masiva de población venezolana; situaciones a las cuales no se ha dado respuestas adecuadas en el marco de lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales que en materia de refugio y migración el Ecuador ha firmado.
Por estas razones analizadas desde varias miradas, consideramos que el escenario del conflicto colombiano vive un proceso de escalamiento muy peligroso, frente a los cual:
- Hacemos un llamado al Estado Ecuatoriano, para que ponga en marcha una estrategia emergente de respuesta a las brechas de desarrollo socio – económico en la zona de frontera. Esto implica realizar un diagnóstico de las necesidades urgentes de la población; identificar medidas de acción afirmativa para grupos de atención prioritaria; fortalecer la presencia de la institucionalidad civil del Estado; generar mecanismos de asistencia a la población que ya se encuentra en situación de desplazamiento; y, reforzar los diferentes sistemas de protección, particularmente aquellos que están coordinados en cada uno de los municipios de la Zona 1.
- En línea con lo anterior, instamos a que se implementen de manera integral y adecuada el Plan Binacional de Desarrollo Ecuador – Colombia, de forma que desde una mirada binacional, se asuma la corresponsabilidad de las respuestas a la compleja dinámica existente en la frontera; y, de forma concomitante, que se pueda profundizar en el componente de “fronteras solidarias”, firmada por ambos países en el Plan de Acción Brasil.
- Dadas las condiciones actuales del sistema de asilo en el Ecuador, y los rezagos en las solicitudes no tramitadas, creemos que es importantes reforzar los mecanismos para agilitar el reconocimiento de la condición de refugio de las personas que están huyendo de este y de otros conflictos que se viven en la región. De la misma manera, facilitar a las personas de nacionalidad venezolana garantías de protección y regularización migratoria viable en el Ecuador. Esto en el marco de los Instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario, y ante todo para dar cumplimiento a los postulados que en lo referente a movilidad humana se tiene en la Constitución del país.
- Es importante fortalecer de manera inmediata el accionar de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría Pública en la zona de frontera, en forma coordinada con su par en el lado colombiano; para de esta manera garantizar acceso a mecanismos concretos de protección de derechos.
- También hacemos un llamado a los organismos internacionales, en particular a las de Naciones Unidas, para implementar acciones de carácter binacional que prevengan el escalamiento de violencia y sus implicaciones a las poblaciones, sobre todo en la zona de frontera.
- De nuestra parte como organizaciones de la sociedad civil, reforzaremos el espacio de encuentro, diálogo y articulación entre Ecuador y Colombia; lo que nos permita mejorar los sistemas de alerta temprana, generar información preventiva adecuada, establecer monitoreos integrales en la zona e implementar acciones de protección y atención a los derechos de las personas afectadas por estas situaciones.
- Expresamos nuestra solidaridad con las lideresas y líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes participan activamente en la implementación de los acuerdos de paz; y que han sido víctimas de asesinatos sistemáticos en Colombia.
En Quito, a 13 de febrero del 2018.
Misión Scalabriniana Ecuador (MSC)
Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador (SJR)
Caritas Ecuador
Consultoría para el Desplazamiento y los Derechos Humanos (CODHES) Mesa de Víctimas del Conflicto Colombiano en Quito.
Fundación Alas de Colibri
Coalición por las Migraciones y el Refugio
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Paola Moreno
Belén Cárdenas
Write a comment: