El Gobierno Español aprobó en las últimas semanas de abril el Decreto Ley 16/2012, con el que se introducen diferentes modificaciones legislativas en la asistencia pública sanitaria. Destaca entre sus concreciones la eliminación del derecho a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras sin autorización de residencia, un derecho reconocido hasta ahora por la Ley de Extranjería. La Comunida Autónoma Vasca ha anunciado que se opondrá a la medida y que Osakidetza, la red de salud pública vasca, seguirá prestando a los «sin papeles» la misma atención como hasta ahora.
La asistencia ya sólo se mantendrá en los casos de urgencia por accidente o enfermedad grave hasta el alta médica, mujeres embarazadas y menores de 18 años.
Esta decisión, en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, afectará de manera importante a la comunidad de migrantes ecuatorianos y bolivianos, por cuanto aquellos trabajadores que hayan perdido su trabajo, por motivos de la crisis, al no poder renovar su tarjeta de residencia, incurrirán en irregularidad sobrevenida, lo que, según el Decreto, les privará del derecho de llevar al médico a sus hijos o de hacerse atender por un tratamiento continuado.
Las Cáritas de Ecuador, Bolivia y España diseñan estrategias de difusión y rechazo a esta medida que vulnera derechos fundamentales del ser humano.
