Las organizaciones: Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI), la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Cáritas Ecuador y la Red Comunitaria Luchadores por el Agua, de manera colectiva, nos pronunciamos frente a la inauguración del Proyecto Minero Cóndor Mirador y el inicio de la explotación minera a gran escala en el Ecuador.
La instalación de este proyecto de extracción minera ha sido una pesadilla para las familias indígenas y campesinas que se han visto forzadas a abandonar sus tierras. Estos hechos han llamado la atención de autoridades de organismos internacionales de protección de Derechos Humanos, como la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, gobiernos locales, instancias de rendición de cuentas estatales, medios de comunicación y organizaciones sociales.
La empresa manifiesta haber invertido 1.7 millones de dólares en programas de apoyo a comunidades locales; sin embargo, como lo demuestra la lucha de las comunidades existe una fuerte deuda social y ambiental que no puede ser saneada económicamente, sino con el reconocimiento de las afectaciones reales que ha producido este proyecto a los derechos humanos de la comunidad y la naturaleza.
La situación actual de varias comunidades es precaria ya que no tienen agua limpia ni acceso a fuentes hídricas (causa de sus problemas de salud) como es el caso de la comunidad Yanua Kiim cuyos cultivos, animales y viviendas fueron destruidos y contaminados debido a la tierra y sedimentos arrojados por la empresa a los ríos Wawaymy, Tundaymy y Kimy. Las personas que dependen del río Tundaymy también presentaron problemas, debido al desvío del cauce del río.
Frente a esta situación, el estado ha hecho caso omiso a demandas constitucionales planteadas en contra de la empresa y el Estado así como también han inobservado el ordenamiento jurídico. Desde sus inicios se levantó un informe de la Contraloría General del Estado, en el cual se hacía recomendaciones y observaciones frente a irregularidades, por ejemplo:
Se adjudicaron 11 concesiones que sobrepasa el numero permitido, conforme el Art. 4 del Mandato Minero un mismo titular no puede tener más de tres concesiones mineras. Además, el número de hectáreas en manos de ECSA sobrepasa la extensión permitida por la Ley de Minería. ECSA tiene asignada un total de 6,220 hectáreas (2,895 para ejecución de operaciones mineras, 2815 para construcciones, y 510 para área de protección), mientras que la Ley de Minería (Art. 35) permite un máximo de 5,000.
Según el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el tiempo de vida del proyecto es de 30 años, pero la ley de Mineria en su Art. 36 es clara al mencionar que la duración de una concesión minera es de máximo 25 años.
El estado ha inobservado el Art. 3 y la Disposición Final, número uno del Mandato Constituyente, al no aplicar el Acuerdo 172 que define el procedimiento para efectuar las evaluaciones de las concesiones que abarca nacimientos y fuentes de agua y áreas de alto nivel ecológico. El Valle del Quimi, Tundayme, El Guismi y parte del Pangui (donde se desarrolla el proyecto Mirador) forman parte de la Cordillera del Cóndor, una reserva de biodiversidad de 150 Km2 de superficie, en la que existen 16 ecosistemas reguladores de los regímenes de agua para la región, además en el bosque protector se han registrado 227 fuentes de agua.
No debe existir actividad minera en áreas con alto valor ecológico. El Valle del Quimi, Tundayme, El Guismi y parte del Pangui (donde se desarrolla el proyecto Mirador) forman parte de la Cordillera del Cóndor, una reserva de biodiversidad de 150 Km2 de superficie, en la que existen 16 ecosistemas reguladores de los regímenes de agua para la región, además en el bosque protector se han registrado 227 fuentes de agua.
Además, ECSA ha logrado el desalojado violento de 32 familias (en total 116 personas entre las que se cuentan 52 niños y adolescentes, 12 personas de 65 años o más años, y 58 adultos) de la parroquia Tundayme y El Güismi.
- 12 de mayo del 2014, un grupo de 50 policías con pasamontañas llegaron al antiguo barrio de San Marcos y destruyeron una escuela y la iglesia. El lugar donde estaba la iglesia, la escuela y otras infraestructuras de uso colectivo habían sido donadas por el dueño del terrero a la comunidad por lo tanto no eran de propiedad de ECSA.
- 30 de septiembre de 2015, 16 familias de las zonas Vía Cóndor Mirador y San Marcos fueron desalojadas de sus tierras y de sus viviendas, y sus cultivos fueron destruidos y enterrados. El desalojo fue perpetrado por 135 policías durante horas de la madrugada.
- 16 de diciembre 2015, sucedió en horas de la madrugada, entre las dos y las seis de la mañana, con presencia policial, funcionarios de la comisaría, fiscales, y nuevamente trabajadores de la empresa que ejecutaron los desalojos. La Policía hizo uso de la fuerza para evitar resistencias y facilitar que trabajadores de la empresa desarmaran las casas, que finalmente fueron destruidas por la maquinaria pesada.
- 4 de febrero de 2016, desalojo forzado de la anciana Shuar Rosario Wari de más de 95 años, e intento de disfrazar el desalojo como intervención social,. La anciana manifestó reiteradamente su no voluntad de abandonar el territorio de sus ancestros, y tras el desalojo forzado sufrió una crisis emocional severa.
Varias demandas se han interpuesto por daño a la naturaleza así como violación a derechos humanos, esto último se vio evidente con los desalojos forzosos y sistemáticos operados por la empresa, la cual se ha defendido manifestando que se trató de un acto administrativo, pero que hasta el momento no han conseguido probar que los procedimientos de desalojo fueron legales y no operados por la fuerza.
Por estos hechos y frente a un sistema de justicia indolente, el caso judicial presentado por la comunidad de CASCOMI se encuentra en la Corte Constitucional del Ecuador en espera de la resolución de la Acción Extraordinaria de Protección para exigir la reparación integral de sus derechos afectados.
Sin duda, este espejo de la sociedad no quiere ser reflejado frente a la imagen de un proyecto estratégico y de prioridad nacional, el cual prefiere estimar cuantías y datos exuberantes para demostrar una responsabilidad social y ambiental carente desde un inicio; frente a una historia que solo refleja el interés económico de grupos de poder y de un Estado que inicia un proceso de industrialización de cobre a costa de los derechos humanos de la comunidad y de la naturaleza.
El modelo extractivista que se impone en el Ecuador, y en los demás países amazónicos es un sistema que solo mira al territorio como un capital, un espacio para la extracción de recursos, que además no generan beneficios para las poblaciones impactadas.
Hacemos eco de las voces de los pueblos indígenas y campesinos que viven en este territorio, donde han reproducido su cultura y su vida. Acompañamos en su defensa, ante la amenaza de la minería a gran escala y las decisiones cómplices del gobierno a favor del lucro económico para pocos y en otros lugares del mundo.
Nos unimos a la resistencia a la comunidad CASCOMI, que denuncia estos atropellos.
El modelo extractivista destruye, arrebata la vida presente y futura.
Write a comment: