Cada 20 de junio, el mundo conmemora el Día de las y los Refugiados. Esta es una oportunidad para cuestionarnos en torno a las condiciones de vida que enfrentan las poblaciones que han debido huir de sus países, sean por la existencia de conflictos armados, pero también por la grave vulneración que sufren en cualquiera de los derechos consagrados en sus legislaciones o en el marco normativo internacional.
Ecuador, si bien tiene el mayor número de refugiados reconocidos de la región (aproximadamente 62.500 personas, la mayoría de nacionalidad colombiana), debe reconocer los temas aún pendientes, muchos de ellos generados a partir de la aplicación de la Ley orgánica de Movilidad Humana, cuya inconstitucionalidad ha sido demandada por algunas personas y organizaciones de la sociedad civil.
El procedimiento para la obtención de la condición de refugiado en el Ecuador, se ha ido complicando. Fruto de ello, la cantidad de personas negadas en este derecho han crecido drásticamente. Hacia el año 2010, el 45 % de solicitudes eran negadas. En la actualidad, el 89 % de solicitudes son inadmitidas o rechazadas de plano.
A esto se suma, la gran cantidad (sin poder ser determinadas) de personas que se han mantenido como solicitantes en plazos que son incomprensibles, puesto que, pese a que en algunos casos llevan años de vida en el país, aún deben ir cada 3 meses a las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores para “renovar” un papel que solamente les da la condición de solicitantes.
El problema se agrava cuando lejos de una aplicación correcta de la Constitución del Ecuador y de varios instrumentos internacionales (como la Declaración de Cartagena), se aplican criterios de discresionalidad por parte de ciertos funcionarios. Dos ejemplos concretos.
El primero; se ha dado con las negaciones para personas provenientes de Colombia, bajo la justificación de que existen acuerdos de paz. Negando la realidad de que el conflicto en el vecino país, solamente se ha transformado, más no se ha terminado.
El segundo; se ha dado con las inadmisiones a población desplazadas por la grave crisis en Venezuela. En donde se ha inobservado la situación de precaria vigencia de ejercicio de derechos que vive dicho país y que ha obligado a la gente a movilizarse de manera forzosa.
Pero a este problema con el acceso a la condición de refugio, se suma los constantes atropellos que en entidades públicas y privadas sufren las poblaciones. Agravadas por situaciones de xenofobia e intolerancia que se mantienen en algunos segmentos de la sociedad del Ecuador.
Por esto, las organizaciones que conformamos la Red Clamor hacemos dos llamados, amparados en las palabras del Papa Francisco que nos convoca a “acoger, proteger, promover e integrar a migrantes y refugiados”:
- El primero, al estado ecuatoriano, ha corregir los errores emanados en la Ley de Movilidad Humana y sus legislaciones conexas. A promover la vigencia de los postulados constitucionales de libre movilidad, ciudadanía universal y progresivo fin de la condición de extranjero.
- El segundo, a la sociedad ecuatoriana; a tener prácticas de acogimiento solidarias. A recordar que nuestro pueblo también ha sido migrante en otros momentos; y que en base a esto queremos que a los nuestros se trate como nosotros tratamos a quienes vienen huyendo de condiciones difíciles.
Que este Día Mundial del Refugio; nos permita generar un gran pacto nacional de convivencia. De reconocimiento y valoración a las diferencias. De acogida integral desde un enfoque pleno de derechos en el marco de un sistema de protección integral de los mismos.
Quito, 20 de junio del 2018.
Red CLAMOR Ecuador:
Misión Scalabriniana Ecuador (MSC)
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)
Pastoral Social Cáritas Ecuador
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