(Comunicado) Ante el masivo desplazamiento de población venezolana se requiere una respuesta desde el enfoque de derechos

Los días 21 y 22 de marzo del 2018 la Red Clamor, conformada por varias organizaciones eclesiales (Servicio Jesuita de Refugiados -SJR-, Conferencia Ecuatoriana de Religioso -CER-, Cáritas Ecuador y Misión Scalabriniana), que trabajamos en el tema de movilidad humana y organizaciones de personas de nacionalidad venezolana visitamos las zonas de Imbabura y Carchi con la finalidad de concretar acciones que puedan responder adecuadamente al flujo masivo de población venezolana que se está viviendo desde hace algunos meses.

Parte de las actividades fue la visita que un equipo de la Misión Scalabriniana realizó directamente al puente internacional de Rumichaca (frontera colombo – ecuatoriana), en donde se pudieron levantar cerca de 100 testimonios, los cuales serán sistematizados y puestos en conocimiento público. Sin embargo y por la necesidad de tener respuestas urgentes a un drama humanitario que seguirá creciendo queremos resumir lo que encontramos y a la vez realizar algunas propuestas al estado ecuatoriano y a la sociedad en su conjunto; todas ellas en el marco de lo que establece la Constitución del Ecuador (Migrar es un derecho):

1. Las condiciones en las que llegan nuestras hermanas y hermanos desde Venezuela al puente de Rumichaca es caótica, y esto responde a que las estructuras estatales construidas allí no son aptas/ están adecuadas para un requerimiento de más de 4.000 personas diarias, cifra que irá creciendo de manera exponencial a medida que el conflicto en Venezuela se agudiza con las medidas adoptadas por el gobierno de dicho país. Razón por la cual creemos que es importante que el Ministerio del Interior (responsable del control migratorio) pueda reforzar con personal civil dichas oficinas para atender con más rapidez las solicitudes de ingreso que se están registrando.
2. Las personas que llegan no cuentan con información que les permita tomar decisiones adecuadas o que les facilite conocer los derechos que tienen en el Ecuador. Una muestra clara es que todas las personas entrevistadas conocían que tenían derecho al refugio, pero ninguno de ellos sabían como poderlo solicitar pese a que, por los criterios establecidos en la Constitución, si podrían ser reconocidos como personas en condición de protección internacional. Instamos a la Cancillería, particularmente al Vice Ministerio de Movilidad Humana a que disponga de personal capacitado en dicha zona para que pueda dar la información anteriormente señalada.
3. Llamó la atención que las personas que estaban esperando en las filas para ingresar eran marcadas con un rotulador de color rojo en sus brazos para establecer su turno en la atención; además que el trato a las personas por parte de quien desarrollaba esta acción (un policía de migración) era grosera y denigrante. Exigimos al Ministerio del Interior y a la Policía de Migración detener estas acciones que van
   contra la dignidad del ser humano. Bien se puede establecer otro sistema para conseguir un orden adecuado de atención, sin afectar a las personas, muchas de ellas que esperaban 12 horas (bajo el sol o bajo la lluvia) para ser atendidas en su paso desde Colombia a Ecuador.
4. En todo el momento que estuvimos presentes en el puente de Rumichaca no pudimos apreciar personal de entidades que pudieran prestar ayuda en temas básicos como salud o atención a grupos poblacionales más vulnerables (niñas, niños, adultos mayores, personas con
   discapacidad, entre otros). Por lo cual pedimos que las entidades del caso pudieran enviar personal civil para atender necesidades particulares e incluso posibles emergencias que se pudieran presentar ya que además del tiempo de espera en el puente, todas las personas vienen con varios días de trayecto y muchas veces sin contar con alimentación ni descanso adecuado.
5. Otro tema que nos preocupó es que, en nuestra estancia en el lugar, llegaban personas a “ofertar diversos empleos” para diversas ciudades del país. Esta acción, si no es adecuadamente controlada puede ser el caldo de cultivo para que bandas delictivas de tráfico, trata y explotación de personas puedan aprovechar las vulnerables condiciones de la población que en su necesidad emergente de buscar alternativas laborales pueden ser víctimas de estas bandas. Solicitamos al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Relaciones Laborales que en el ámbito de su competencia puedan establecer presencia permanente para canalizar las ayudas (que pudieran ser fruto de la buena voluntad) y poder evitar aquellas que busquen la explotación de las personas.
6. En lo estructural, pudimos percatarnos que la gran mayoría de las personas quiere irse a otros países, no porque Ecuador no esté dentro de sus opciones, sino más bien porque “ya han escuchado” de sus compatriotas que han estado en Ecuador que los procesos de regularización son casi imposibles: por sus altos costos, por lo complejo de sus trámites y porque mucha de la documentación exigida por el estado ecuatoriano es imposible conseguirla en Venezuela. Por esta razón, y en consonancia con otros pronunciamientos nos sumamos al pedido al estado ecuatoriano para que adopte medidas para que la población venezolana sea reconocida como víctima de un conflicto y por ende pueda acceder de manera más sencilla a su condición de refugiado.
7. Consonantemente a lo anterior, y como mecanismo para el ejercicio constitucional de los principios de ciudadanía universal, libre movilidad y progresivo fin de la condición de extranjero (artículo 416 de la Constitución del Ecuador), planteamos al gobierno del Ecuador que es necesario una amnistía migratoria y un proceso de regularización emergente que sea accequible y que pueda responder a los requerimientos emergentes. Pero que también de cuenta de nuestra voluntad por un ejercicio ciudadano de lo establecido en la Carta Magna.
8. Pero, pese a todas estas deficiencias y falencias encontradas, queremos felicitar la actitud solidaria de muchas y muchos pobladores de la zona fronteriza (personas de nacionalidad ecuatoriana, venezolana y colombiana, entre las principales); que ante estas carencias llevaban algo de comida a las personas que se encontraban en el puente de Rumichaca. Esa actitud solidaria, da cuenta de que la ciudadanía es consciente de los acontecimientos y que desea apoyar de manera desinteresada a la población venezolana.

Como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, reiteramos la necesidad de buscar alternativas estructurales (como la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el reforzamiento de la institucionalidad civil del Estado), pero también exigimos respuestas emergentes que posibiliten afrontar esta crisis humanitaria desde un enfoque amplio de derechos humanos.

Ecuador, 26 de marzo del 2018.