Amistad y colaboración
En una carta pastoral de los obispos del Ecuador, dirigida a los fieles católicos, a las autoridades públicas y a todos los ciudadanos de buena voluntad, la cabeza de la Iglesia ecuatoriana da un paso al frente para ampliar las condiciones de un diálogo necesario para la vida nacional.
Uno de los retos del Congreso de la Fe celebrado en Quito a finales del año anterior, consiste precisamente en mejorar las relaciones comunicativas entre Iglesia y Estado; esta Carta es una respuesta concreta a este desafío.
Partiendo de lo que el Concilio Vaticano II plantea en cuanto a laicidad y laicismo, y una vez establecidas las debidas diferencias entre estos dos conceptos, la Carta expone lo que S. S. Benedicto XVI ya adelantó en varias ocasiones (56º Congreso Nacional de la Unión de Juristas Católicos Italianos –diciembre de 2006– y Discurso a la Asamblea General de la ONU, –abril de 2008–, principalmente): “El laicismo busca la total separación entre el Estado y la Iglesia, sin que ésta tenga título alguno para intervenir sobre temas relativos a la vida y al comportamiento de los ciudadanos”.
La laicidad va mucho más allá: no se circunscribe, como antes, a las relaciones de poner entre Iglesia y Estado, porque las circunstancias históricas y sociales han cambiado, y el pluralismo cultural implica favorecer y proteger las manifestaciones humanas más elevadas, especialmente las religiosas.
El Papa Francisco advierte al respecto, en El gozo del Evangelio: “… ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está sólo para preparar las almas para el cielo”; por tal razón, no podemos “… relegar la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional”, reafirma el papa en su reciente Exhortación Apostólica (El gozo del Evangelio) .
La Carta invita a superar las visiones reductivas de la Iglesia, superando viejos esquemas ideológicos: Mons. Antonio Arregui, en la presentación de la Carta, explica: “Ya tenemos que superar esquemas tan equívocos como creer que la religión es el opio del pueblo”, concepto claramente superado en la nueva Constitución, que expresa “… el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesara en público o en privado su religión o sus creencias (…) el Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia”.
Luego de resaltar los derechos de los creyentes a participar en lo social y lo político, la Carta de los Obispos insiste en la libertad religiosa como requisito indispensable para tener un verdadero Estado de Derecho: “La religión no es un “derecho más” (…) menos aún, una “concesión” (…) Es la base más firme donde los derechos humanos se fundamentan de manera sólida”.
Antes de concluir, la Carta declara que la libertad religiosa exige garantías públicas: el Estado debe proteger y promover todos los aspectos de la dimensión religiosa, y debe dar acceso a la atención espiritual que la Iglesia y sus creyentes prestan a situaciones y lugares especialmente sensibles a lo religioso: hospitales, cárceles, niñez trabajadora, refugiados y otras circunstancias sociales difíciles, en donde el Estado está, pero no alcanza a dar respuesta total a las urgentes necesidades de la población menos favorecida.
Valoramos altamente el gesto de los Obispos: la dimensión de amistad y colaboración es, sin ninguna duda, el camino correcto para que Iglesia y Estado caminen juntas hacia un mismo ideal: el buen vivir de las y los ecuatorianos.
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